El
aumento de asesinatos de ecologistas en América Latina choca con la retórica de
los Gobiernos
14 países firman un acuerdo,
criticado por organizaciones, para frenar la violencia contra los defensores de
la tierra
GEORGINA
ZEREGA
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Manifestantes en la
embajada de Honduras en México por el asesinato de Berta Cáceres. CUARTOSCURO
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Aumenta la violencia y
aumenta la retórica.
Al menos 14 países de Latinoamérica y el Caribe, entre
ellos México, Brasil y Guatemala, han ratificado este jueves en la Organización
de las Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), un tratado para la
protección de los ecologistas.
La firma llega dos meses después de conocerse
los datos que registran un nuevo récord de asesinatos de defensores del medio
ambiente en el mundo.
Alrededor del 60% de estos homicidios registrados por la
ONG Global Witness ocurre justamente en la región.
La propuesta llega en un
momento crítico para el continente, marcado por la impunidad que se refleja en
algunos casos simbólicos, como el asesinato en marzo del 2016 de la activista
hondureña Berta Cáceres, conocida por su defensa de la tierra, que tras dos
años y medio de espera, continúa impune.
La gran mayoría de los homicidios se
producen en contextos de disputas por los recursos naturales, particularmente
el territorio.
Ese el caso también del líder indígena Isidro Baldenegro,
defensor de las comunidades y los bosques nativos de México, que fue tiroteado
en enero de 2017 y que aún no ha obtenido justicia.
Por lo menos 207 defensores
del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en 2017, según el informe
anual de la organización internacional Global Witness.
Un número que ha ido en
aumento en los últimos años, ya que en 2016 se registraron 200 homicidios y en
2015, 185.
El recuento que lleva esta ONG de los asesinatos ejecutados este año
sobrepasaba en julio los 60, dentro de los cuales al menos una veintena se
había producido en Latinoamérica.
“Este acuerdo es
novedosísimo, es el único que incorpora la defensa de los que están luchando
por los derechos humanos en asuntos ambientales”, asegura a este diario Alicia
Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) de la ONU.
La funcionaria asegura que el acuerdo, que retoma el
principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, resulta “histórico” y que con este proyecto el continente se pone
“a la vanguardia”.
CEPAL✔
@cepal_onu
Catorce países firman en la
sede de la @ONU_es tratado de nueva generación sobre acceso a la información,
la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Lee más sobre
ceremonia de apertura a la firma del histórico #AcuerdoDeEscazú:
https://bit.ly/2NI4rkR #UNGA
Sin embargo, las críticas se
centran en la poca especificidad del texto.
“El contenido no tiene mucho peso
en términos prácticos.
Por ahora hay mucha retórica, pero poco sobre qué
significa.
No tiene mucha información sobre los pasos concretos que tienen que
aplicar los gobiernos”, manifiesta Billy Kyte, de Global Witness.
El jefe de
campañas de defensa de la tierra y el medio ambiente de esta ONG asegura que se
trata de “un hito” pero mantiene una postura cauta ante la firma del Tratado
porque, según él, la exitosa implementación dependerá de la voluntad de los
países para cumplir con lo pactado.
El acuerdo, fruto de unas
negociaciones en Costa Rica el pasado marzo, se apoya en cuestiones relativas
al área medioambiental que incluyen el compromiso de los Gobiernos de facilitar
a sus poblaciones el acceso a la información pública y a garantizar el acceso a
la justicia a través de la creación de órganos especializados en la materia.
Además, el tratado compromete a las naciones a establecer mecanismos para la
participación pública en la toma de decisiones y promover entornos seguros para
los defensores del medioambiente.
En este último punto se incluye la protección
de derechos básicos como el “derecho a la vida, integridad personal, libertad
de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a
circular libremente”.
Gustavo Alanís, director del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señala que es importante que la sociedad
civil compruebe que la implementación se haga efectiva para que no resulte
“puro show o pura cortina de humo”.
“Sería importante que los Estados que
suscriben tengan claro que hay que tener institucionalidad, presupuestos y
voluntad política.
Si lo hacen solamente por apariencia, podrían pagar un alto
costo porque quedarían mal parados ante la comunidad internacional”, dice.
“Nos parece importante que
esta herramienta exista reconocida internacionalmente.
Sin embargo, no garantiza
que la situación cambie de la noche a la mañana.
Si no hay presión a las
autoridades, las cosas no cambiarán a pesar de la firma de este acuerdo”,
asegura Violeta Valdés, secretaria técnica del Centro de Derechos Humanos
Antonio Esteban, organización que lleva el nombre del ecologista indígena
mexicano asesinado en 2014.
Otro de los cuestionamiento
que se le hace al texto de Escazú es el artículo que garantiza el acceso a la
justicia.
Punto controversial para los países firmantes, donde el nivel de
impunidad es altísimo.
“Hemos suscrito a muchos tratados y muchos convenios.
La
mayoría de las herramientas para el acceso a la justicia existen pero están mal
aplicadas porque no hay voluntad política por parte de las autoridades”, dice
Sandino Rivero, abogado a cargo de la defensa de las causas judiciales de los
activistas Antonio Esteban y Manuel Gaspar, también asesinado el pasado mayo en
Puebla (México).
Bárcena, de la CEPAL,
asegura que esta vez la situación es diferente porque se trata de un acuerdo
vinculante, lo que pondrá más presión sobre los gobiernos para que formalicen
lo acordado.
“Una vez que los países se han sumado a ello y lo ratifiquen, hay
previsiones para que haya sanciones y autoridades internacionales que puedan
actuar contra los Estados que no cumplan”, manifiesta.
post: Marcelo Ferla
