Odebrecht
impugnará las sanciones impuestas por el Gobierno mexicano
La filial mexicana asegura
que las medidas anunciadas por la Función Pública son injustas y
desproporcionadas
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Sede de la
constructora Odebrecht en Lima, Perú. REUTERS
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La filial de Odebrecht en
México impugnará las sanciones administrativas impuestas la semana pasada porla Secretaría de la Función Pública (SFP).
En un desplegado publicado en
diarios mexicanos la compañía afirma que estas sanciones son infundadas, improcedentes,
injustas y desproporcionadas.
La dependencia federal anunció que había impuesto
una multa en contra de dos filiales mexicanas por un monto de alrededor de
1.000 millones de pesos (unos 55,5 millones de dólares) y las había
inhabilitado por dos años y seis meses para que ninguna dependencia y entidad
de la administración pública pueda realizar contratos con esas filiales.
Las autoridades mexicanas
también anunciaron un castigo para los dos representantes legales de la
constructora.
La sanción para el director de finanzas, Gleiber José de Faria, y
su director en México, Alberto de Meneses Weyll, fue una multa de 1 millón
262.000 pesos (unos 70.000 dólares ) a cada uno y una inhabilitación de dos
años y tres meses.
De Meneses Weyll fue quien declaró en Brasil que otorgó un
soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces coordinador
internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de
Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016.
Esta sanción anunciada la
semana pasada por la SFP, un ministerio encargado de vigilar el desempeño de
los servidores públicos a fin de prevenir el desvío del dinero público, es la
primera contra miembros del consejo directivo de una empresa privada.
Cinco
días después de darse a conocer los castigos, Odebrecht ha salido a declarar
que estos son injustos.
"Odebrecht México rechaza categóricamente las
consideraciones de la SFP e impugnará mediante todos los recursos legales el
contenido, alcance y efectos de dichas sanciones", afirma en el escrito.
La constructora brasileña
recordó que desde inicios de 2017 formalizó su intención de colaborar con las
autoridades de distintos países, entre ellos México, con el fin de aclarar los
hechos en los que se les relaciona, Sin embargo, la SFP en junio pasado rechazó
la solicitud de cooperación por considerar que no existían elementos de juicio suficientes que permitieran
presumir una probable infracción a la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas.
Con las sanciones anunciadas
el miércoles pasado por la Función Pública suman cuatro inhabilitaciones para
filiales de Odebrecht: dos en contra de servidores públicos y dos a
representantes legales de la compañía.
En México ningún funcionario ha pisadola cárcel por este caso de corrupción, a diferencia de otros países.
Las
medidas anunciadas por la SFP son de carácter administrativo.
La Fiscalía
mexicana (PGR) es la encargada de investigar y determinar la implicación penal,
pero tampoco ha dado a conocer avances en la trama de sobornos.
post: Marcelo Ferla
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